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Psiquiatría

El padre del autor del tiroteo en Georgia pasará 15 años en prisión

Una sentencia reciente refuerza la imperiosa necesidad de estrategias de prevención.

Los puntos clave

  • Se acumulan precedentes a medida que padres enfrentan penas de prisión por negligencia en tiroteos escolares.
  • Ignorar señales de advertencia y permitir el acceso a armas puede resultar en cargos penales para los padres.
  • Intervenciones preventivas, incluyendo órdenes judiciales u hospitalización, pueden ayudar a evitar tragedias.
Milad Fakurian / Unsplash
Fuente: Milad Fakurian / Unsplash

El 30 de julio, Colin Gray, padre de Colt Gray, quien mató a cuatro personas en un tiroteo escolar en 2024, fue sentenciado a 15 años de prisión. Esta es la tercera vez que un padre es procesado por un asesinato cometido por un menor a su cargo.

La sentencia, que se produce tras el procesamiento similar de Jennifer y James Crumbley de Michigan, refuerza un precedente legal cada vez mayor que responsabiliza penalmente a los padres cuando su negligencia contribuye a que un menor cometa un acto de este tipo.

El juez Nicholas Primm del Tribunal Superior del Condado de Barrow, quien dictó la sentencia, lo expresó claramente, reconociendo desde el estrado que el Sr. Gray no tenía antecedentes penales ni intención de cometer un delito. Sin embargo, reconoció que el acusado ignoró señales de alerta evidentes, incluyendo el historial de episodios violentos de su hijo y publicaciones amenazantes en redes sociales, llegando incluso a permitirle guardar un arma de fuego en su habitación.

“Cada vez era más evidente que algo malo iba a suceder”, dijo el juez. “Como mínimo, debieron haber creído que Colt se suicidaría. Y no hicieron lo más básico para evitarlo”.

Como abogada especializada en salud mental y atención a la familia, encuentro las palabras del juez particularmente conmovedoras, porque las medidas preventivas proactivas son cruciales en estas situaciones. Como primer paso, los padres deben impedir que su hijo tenga acceso a armas y luego buscar la ayuda de profesionales cualificados para que les recomienden posibles vías legales, entre ellas:

  • Intervención psiquiátrica: A diferencia de las que se muestran en películas y series de televisión, las intervenciones psiquiátricas reúnen a un equipo especializado de profesionales, junto con familiares preocupados, para abordar los problemas de salud mental cada vez más graves de una persona. Con un abogado especializado en salud mental, un psiquiatra, un gestor de casos y, a menudo, personal de seguridad, los seres queridos pueden garantizar mejor que una persona en crisis, que carece de la capacidad de comprender su condición, reciba la ayuda que necesita.
  • Hospitalización: Una persona puede ser hospitalizada voluntaria o involuntariamente si se produce un episodio en el que representa un riesgo sustancial de daño para sí misma o para los demás. La hospitalización psiquiátrica permite que un psiquiatra u otro profesional de la salud mental evalúe posibles problemas médicos y de salud mental, establezca un diagnóstico y recomiende un plan de tratamiento.
  • Orden judicial por motivos de salud mental: El proceso para obtener una orden judicial por motivos de salud mental implica solicitar al tribunal una orden civil para que la persona, acompañada de un abogado de oficio, comparezca ante el tribunal para una audiencia. En esta audiencia, el tribunal determina si la persona representa un peligro para sí misma o para los demás y si debe ser remitida a una sala de urgencias psiquiátricas para una evaluación inmediata y una posible admisión para recibir tratamiento.

Por supuesto, las opciones de una familia cambian considerablemente una vez que el niño cumple 18 años y es considerado un adulto ante los ojos de la ley. Este hito (o su enfoque) debería impulsar a los miembros de la familia a considerar los elementos anteriores y luego explorar medidas adicionales, que incluyen:

  • Tutela o curaduría: este procedimiento autoriza al tribunal a nombrar y supervisar a una persona que toma decisiones legales para otro adulto que, debido a incapacidad, discapacidad o “limitaciones funcionales”, no puede administrar sus propios asuntos.
  • Tratamiento Ambulatorio Asistido (AOT por sus siglas en inglés): Este tratamiento ordenado por un tribunal para la enfermedad mental de un adulto y la supervisión en la comunidad tiene como objetivo prevenir “una recaída o deterioro”, así como la “puerta giratoria” que a menudo vemos en estos casos.
  • Directivas anticipadas: los documentos legales de directivas anticipadas, ejecutados mientras el individuo tiene la capacidad mental requerida, contienen los deseos expresados ​​previamente por el individuo con respecto al tratamiento médico o asuntos financieros. Incluyen documentos tales como poderes de atención médica y poderes notariales.
  • HIPAA y formularios de divulgación específicos del estado: completar la autorización adecuada permite a los proveedores de tratamiento divulgar información confidencial relativa a los pacientes/clientes a familiares u otras personas designadas. Esto hace posible que las familias hablen con los equipos de tratamiento y comprendan mejor los diagnósticos y los registros de tratamiento médico o psiquiátrico, además de participar activamente en la planificación del alta.

Es posible que estas opciones, que forman parte de un conjunto de herramientas de salud mental, no sean muy conocidas entre las familias, pero deberían ser una prioridad para los profesionales de la salud mental, así como para los educadores, las fuerzas del orden, los técnicos de emergencias médicas y otros profesionales que cada vez más sirven como primeros intervinientes para quienes experimentan crisis de salud mental. Una mayor concienciación puede contribuir en gran medida a ayudar a prevenir esas tragedias y las terribles consecuencias que infligen a las personas y las comunidades.

A version of this article originally appeared in English.

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Acerca de
Carolyn Reinach Wolf

Carolyn Reinach Wolf is a mental health attorney guiding families through the complex landscape of legal issues that impact individuals with serious mental illness and/or substance abuse.

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